Autodefensas, el virus latente del paramilitarismo


CIUDAD DE MÉXICO, 4 de marzo.- “Atención policías, ¡fiiirmes!”. El arma recta junto a la pierna derecha. Más de 50 hombres organizados uno al lado del otro. Pantalón negro, camisa verde militar y una gorra oscura. Quien los dirige se pasa al frente y con voz enérgica les vuelve a gritar: “Atención policías,¡fiiirmes! Yaaaa. Flanco derecho, yaaaaa!”. El pelotón gira al compás de las manecillas del reloj mientras las manos aprietan la metralleta que los acompaña.

No es una rutina del Ejército Mexicano. Tampoco la de una policía municipal, estatal o federal. Es uno de los 24 videos que están en internet y se muestra el entrenamiento físico que realiza una de las 20 “Policías Comunitarias” que operan en el estado de Guerrero, antes de salir como guardianes de su comunidad.

Al mismo tiempo, en Tecomán Colima, sus ciudadanos decidieron armarse a finales de enero. Una comunidad donde ocho de cada diez habitantes dice profesar la religión católica, optaron por rezar a sus muertos caídos por la violencia y al mismo tiempo repartir armas blancas en las colonias de Tuxpan, San José y Libertad. Se repartió un machete por familia.

Con la anuencia de la Dirección de Seguridad Pública de Tecomán, la idea de armarse en defensa propia ha contagiado a más habitantes de Colima y se espera que a mediados de año, miles de familias tengan un machete en sus hogares. Para la policía municipal, estas acciones son bien recibidas. Argumentan que la constitución avala el derecho a defenderse y los machetes son armas blancas que se utilizan para el trabajo.

En la madrugada del 14 de octubre del 2012, en Michoacán, Jesús caminaba por la calle en compañía de un amigo. Un grupo de jóvenes armados comenzaron a golpearlo. No llevaba más que sus jeans, una camisa y un par de tenis. Un machetazo en la nuca terminó con su vida de manera instantánea.

Seis días después de encontrar asesinado a Jesús, en Urapicho, Michoacán, los comuneros decidieron hacer justicia por su propia mano. Desterraron a los partidos políticos y crearon sus propias reglas a través de la una ley que los ampara; la de usos y costumbres.

Con armas automáticas y semiautomáticas, los hombres de la localidad de las mariposas monarcas, organizan retenes en las principales vías de acceso, revisan quien entra y quien sale y dicen estar “dispuestos a todo” para defenderse de los violadores, asaltantes, ladrones, extorsionadores y narcotraficantes.

Vestidos con ropa camuflada y pasamontañas, más de 70 hombres se atrincheran en barricadas construidas con costales de arena, madera y láminas que se instalaron en los dos accesos al pueblo. Es un grupo de autodefensa de los 16 que conoce el gobierno del estado y de los 25 que se contabilizan de manera extraoficial.

Se hacen llamar “policías comunitarias” y son grupos de autodefensas que emergen generalmente en comunidades indígenas. A principios de 2013, salieron a la luz pública en Guerrero; ahora se han multiplicado en ocho estados más de la República Mexicana: Oaxaca, Estado de México, Colima, Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Tabasco.

Se desconoce una cifra oficial de las células que se desprenden de las guardias civiles pero los hechos ocurridos en varias localidades, hacen pensar que se trata de un ejército ciudadano compuesto por aproximadamente mil hombres repartidos en más de 50 “policías comunitarias”.

La experiencia de Colombia

A finales de los ochenta, un grupo de hacendados y terratenientes de Antioquia -zona cafetalera de Colombia- se reunieron para ponerle fin a las cuotas y extorsiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.

Los dueños de grandes fincas a las afueras de la ciudad, no estaban dispuestos a seguir pagando fuertes sumas de dinero a la guerrilla por miedo a ser víctimas de extorsión, secuestro o asesinato.

Nacieron entonces organizaciones de civiles armados que en un principio se llamaron las “convivir” y después mutaron a las Autodefensas Unidas de Colombia. Empresarios, terratenientes y gente de mucho dinero pagó al ejército naciente de civiles para que cuidara sus tierras, empresas, familias y negocios.

Se consolidaron como agrupación paramilitar a finales de la década de los 90, y su principal objetivo era combatir a la guerrilla de las FARC. Con apoyo de políticos, empresarios y varios mandos importantes del Ejército, las AUC crecieron, tomaron fuerza y se le salieron de control al Estado colombiano.

A finales de los 90′, las AUC operaban en 226 municipios repartidos en 24 de los 32 estados de Colombia. A través de más de 20 células de acuerdo al lugar geográfico de operación, las Autodefensas Unidas de Colombia, se instalaron especialmente en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

De 100 en 100, en cada departamento de Colombia se multiplicaron en un ejército paramilitar que albergó 30 mil hombres armados que organizaron masacres de comunidades indígenas y campesinas enteras. El saldo rojo fue devastador para el país cafetalero. “Cuatro millones de desplazados que perdieron su arraigo, sus posesiones, terrenos en el campo, hubo también según la cifra oficial 300 mil muertos sin contar los desaparecidos”, narra Olga Behar, periodista, politóloga y académica colombiana.

Las AUC decapitaron civiles en plazas públicas delante de sus familias, secuestraron a niños y asesinaron sin piedad a todo aquel que consideraron su enemigo, gracias a una red de “informantes” que decidían quienes debían vivir o morir.

Bajo el lema de “limpiar” el país de la guerrilla, delincuentes, ladrones y secuestradores, las AUC desaparecieron y asesinaron guerrilleros, sindicalistas, líderes sociales y disidentes del gobierno.

La sociedad colombiana comenzó a cambiar y “se desarrolló una especie de complicidad social al decir, si las autoridades no pueden, que nos cuiden éstos y con esa complacencia las autodefensas comenzaron a crecer y crecer con otro elemento grave que hoy también está en México y es el narcotráfico”, narra Behar, autora del libro “El clan de los 12 Apóstoles” que revela los hombres de política que participaron en la creación del paramilitarismo colombiano.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, se convirtieron después en grandes aliados del narcotráfico para solapar sus actividades delictivas y erradicar a la guerrilla. Tras más de dos décadas de operación, se realizó un polémico proceso de desmovilización de las AUC, comandado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Cada paramilitar desmovilizado, tuvo un costo para el gobierno colombiano de 7 mil dólares. Es decir, que reinsertar a 30 mil hombres armados, le costó a Colombia 302 millones de dólares. Así se detalla en una investigación realizada en España durante el proceso de desmovilización de las AUC en el país sudamericano.

Los grandes líderes del paramilitarismo, fueron extraditados a Estados Unidos, el resto se reinsertó a la vida pública y más de la mitad regresó a sus andanzas. Según cifras de la OEA, cuatro mil paramilitares desmovilizados han regresado a sus actividades delictivas a través de nuevas células que ahora se les conoce como “Águilas Negras”.

Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia y extraditado a Estados Unidos en 2008, dijo ante la justicia colombiana que las AUC estaban volviendo a organizarse y tenían más de cinco mil hombres en sus filas.

Es la historia de horror que vivió Colombia al compás de las autodefensas. Una sociedad que comprendió después de 25 años, que no hay mayor amenaza para un país, que la creación de grupos civiles que se alzan en armas con un discurso de auto protección porque “sabes cómo empiezan pero no cómo terminan”, puntualiza Olga, quien deja que el silencio se prolongue a la respuesta.

Regulación, ¿solución o problema?

Dotar a los grupos de autodefensas en México de un régimen jurídico que garantice sus derechos, obligaciones y responsabilidades, es para muchos funcionarios públicos, una solución para darle andamiaje legal a las policías comunitarias.

Así lo han manifestado varios mandatarios y políticos. Uno de ellos es Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán quien pretende capacitar, evaluar y regularizar a los guardianes del orden en la entidad. Por su parte, María del Carmen Torres, directora de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, dijo que las puertas de la institución “están abiertas para capacitar a la guardias civiles”.

Mientras tanto, en el Congreso de la Unión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante el Senado, una iniciativa de reforma constitucional que busca el reconocimiento legal de las policías comunitarias.

La propuesta contempla la inclusión de las guardias civiles en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; una vez dado el reconocimiento, los pueblos y comunidades indígenas podrán tener acceso a los recursos públicos que el gobierno de México destine a los estados y municipios.

Para Rossana Reguillo, doctora en Ciencias Sociales y académica del ITESO, la posibilidad de regularizar la operación de los grupos de autodefensas, sería “el fracaso rotundo del Estado”. Reguillo argumenta que optar por esta vía “es aceptar que el Estado no pudo con su chamba y entonces volveríamos a la famosa frase de ‘si no pueden renuncien’.

“Puedo entender que la justicia es un bien totalmente ausente de muchísimos territorios en el país en donde la presencia del Estado o no llega y cuando llega lo hace de maneras muy complejas y corruptas. Eso explicaría la necesidad de las poblaciones de auto dotarse de mecanismos para preservar la seguridad. Pero haciendo una lectura crítica, las guardias civiles pueden tener impactos profundos porque al final de cuentas, son territorios por fuera de la jurisdicción del Estado nacional”, explica la académica en entrevista.

Sobre esa “extrema confianza en lo comunitario como si fuera una especie de espacio puro”, Rossana advierte que es una lectura preocupante porque “sabemos que en realidad esas organizaciones están sacudidas por diferencias y desigualdades y esto tiene un impacto en los modos de organización”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expresó a través de un comunicado, su rechazo a la creación de las guardias civiles tras considerar que estas organizaciones son vulnerables a convertirse en grupos paramilitares.

“Este organismo autónomo expresa su preocupación por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”, se lee en el documento.

La CNHD enfatizó que es indelegable la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de cumplir con su responsabilidad de garantizar la integridad física y patrimonial de la población.

“La fórmula es darle dientes, uñas, a las autoridades. El monopolio de las armas lo debe tener siempre el Estado”, responde Olga Behar, periodista Colombiana que estuvo varios años de exilio en México.

Mientras, en Colombia un intento por dotar de facultades jurídicas a las Autodefensas Unidas, dejó un charco de sangre imparable a manos de un ejército de 30 mil hombres que asesinaron a 200 mil civiles en dos décadas, en México se discute la posibilidad de regularizar la excepción.